LA DESREGULACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA NUEVA LEY GENERAL DE MEJORA REGULATORIA

El 5 de febrero del 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el cual, el Congreso de la Unión adicionó un último párrafo al artículo 25[1] y la fracción XXIX-Y al artículo 73[2], ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante los cuales regula un tema que ha llamado Mejora Regulatoria. En virtud de esas adiciones a la constitución se publicó en el Diario Oficial el 18 de mayo del 2018 la Ley General de Mejora Regulatoria que de acuerdo a su artículo 1° segundo párrafo, tiene por objeto establecer los principios y las bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria, precisando que dicho ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquellas responsabilidades de los servidores públicos, al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales, y a lo relacionado con actos, procedimientos o resoluciones de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

No es óbice señalar que otro fundamento constitucional más importante o al menos, previo al actual décimo párrafo del artículo 25° de la constitución es el ahora noveno, que ya señalaba la obligación del Estado para que la Ley (toda clase de normas) alentara y protegiera la actividad económica que realizaren los particulares y proveyeran las condiciones para el desenvolvimiento del sector privado contribuyendo esto al desarrollo económico nacional; promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable en los términos de la propia constitución.

Esto es, ya se existía un fundamento constitucional para que la ley (toda clase de normas) cumpliera los estándares establecidos en dicho párrafo. Dicho de otra manera, podría resultar innecesaria las adiciones realizadas al 25 y 73, que hemos referido, para lograr solucionar una problemática global en todo el territorio nacional respecto de una excesiva, dispersa y no sistematizada regulación administrativa con relación especialmente en las actividades económicas (empresas).

Al expedirse la ley general referida y toda vez que esa es la característica de una ley general (ser concurrente) se delegaron facultades a las entidades federativas para regular en el ámbito de sus competencias sobre la mejora regulatoria.

Esto sucedió así en nuestro estado mediante la publicación en la Gaceta Oficial del Estado del 12 de agosto de 2019, de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Veracruz, que, no menos, es una copia o transcripción de la Ley General y que de acuerdo a su artículo segundo, tiene como objeto establecer el mejoramiento continuo y consistente de la regulación de trámites y servicios estatales y municipales, mediante la coordinación entre las autoridades de mejora regulatoria, los diferentes órganos de gobierno y los particulares.

Ahora bien, uno de los objetivos de la agenda internacional en materia económica es eliminar en la medida de lo posible y con las restricciones debidas, las barreras u obstáculos que no permitan el desarrollo de la libertad de los individuos con énfasis en la libertad económica, de trabajo, oficio o empresa. En virtud de lo anterior una de las asignaturas pendientes de muchos estados del mundo actualmente es precisamente la desregulación administrativa bajo la teoría filosófica del Ius-naturalismo que establece que los derechos de los individuos no existen o nacen porque se consagren en una norma (Ius-positivismo) sino que estos son inalienables del ser humano, por lo que lejos de lograr una desregulación administrativa y una menor intervención del estado en las actividades económicas (mercado), el efecto es el contrario, esto es, se busca una desregulación o simplificación administrativa y lo que se hizo fue expedir una ley general y por lo tanto la expedición de su reglamento más las leyes de cada entidad federativa y sus reglamentos respectivos, es decir, de inicio para desregular se crean más de 68 normas jurídicas, al cúmulo de las ya existentes.

En conclusión, los principios constitucionales son más importantes que los derechos normados para lograr en algunos casos los objetivos planteados, esto es, lo que se busca es eliminar, reducir, sistematizar y perfeccionar las disposiciones normativas de todos los órdenes de gobierno para eliminar las barreras y obstáculos al desarrollo de las actividades económicas del individuo, por cierto, imprescindibles para el funcionamiento de cualquier economía de libre mercado, y lo que se hace es crear mayor norma jurídica.


*Jonathan Alberto Luna Pérez. — Licenciado en derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en derecho corporativo por la Universidad Anáhuac México-Norte, doctorando en derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, titular de la firma “Luna Pérez & Asociados Abogados, S.C.”. Correo electrónico: jalp@lunaperez.com


[1] “A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia”.

[2] “XXIX-Y. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria;”

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